La Constitución Política de 1980 nos asegura que debemos vivir en un ambiente libre de contaminación y para ello dispone que es deber del Estado velar para que esta garantía no sea afectada. ¡Oh sorpresa!, también indica que las autoridades centrales deben tutelar la preservación de la naturaleza. Con la llegada de los partidos políticos al poder, en abril de 1994 entró en vigencia la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, que se empezó a aplicar tres años después, con la publicación del reglamento respectivo.

Luego, en agosto de 1996, se declaró a la Región Metropolitana como zona saturada para cuatro contaminantes conocidos por todos y además zona latente para otro (dióxido de nitrógeno), lo que significó que el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de acuerdo con el mandato de la ley, debió iniciar los estudios conducentes a solucionar el problema, entre otros motivos porque es deber de la autoridad proteger la salud de la población.

Y así fue como en mayo de 1998, hace diez años, se publicó en el Diario Oficial el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), instrumento normativo que contenía 140 medidas destinadas a combatir de verdad la pésima calidad del aire en la saturada cuenca de Santiago. En su elaboración intervinieron más de 250 personas calificadas y muchas instituciones especializadas, incluyendo una veintena de asesores internacionales. Todos ellos consensuaron un documento de la mayor calidad que atacaba en su raíz la lacra de la contaminación en este territorio encerrado, en especial en otoño y en invierno con fenómenos como la inversión térmica y falta de vientos.

Pero debido a que muchas de sus medidas afectaban ciertos intereses económicos, los gobiernos pasados empezaron en forma paulatina a modificar su contenido y el clímax se produjo en enero de 2004 con su total desmantelamiento. En efecto, con las eufemísticas palabras “reformulación” y “actualización”, el PPDA quedó en la práctica huérfano de regulaciones preventivas efectivas que conducían a controlar la creciente emisión gases tóxicos.

Dado que el 25 de mayo le dijimos por escrito a la Presidenta Michelle Bachelet que el intento del Ministerio de Vivienda en orden a continuar expandiendo la ciudad era opuesto al propósito de reducir la contaminación del aire, aunque sí generaría plusvalías patrimoniales a ciertos poseedores de suelo agrícola, haciendo notar que ante este anhelo estaban mudos los ministerios de Agricultura, Transportes y Medio Ambiente, el 9 de julio nos recibió en su despacho Ana Lya Uriarte, con el objetivo de intercambiar ideas sobre la expansión urbana y su directa relación con la tarea descontaminadora. Le expresamos que es un desacierto ocupar zonas de baja aptitud urbana, con peligro de inundación, pozos areneros y alto riesgo para la salud debido a los residuos químicos presentes en los suelos agrícolas que acogerían esa expansión urbana, sin dejar de tener presente los perjuicios económicos que produce la ocupación urbana de suelos de gran calidad agrícola.

Le hicimos notar que hay 6 mil hectáreas disponibles al interior de la ciudad y que existe una abundante oferta de 40 mil departamentos sin comprarse, unido a un excesivo uso del automóvil causado por el mal funcionamiento del Transantiago.

Le dijimos que era necesario disponer a la brevedad de instrumentos de ordenamiento territorial a fin de corregir los conflictos que surgen por una planificación urbana exageradamente sectorialista, aludiendo al Minvu, que deja de lado la participación de otros sectores -Agricultura por ejemplo- en la construcción de la ciudad, y terminamos indicándole que si se desea abordar de manera inteligente la lucha contra la mala calidad del aire, es indispensable reponer el PPDA original, con las necesarias adecuaciones y sin tenerle miedo a las críticas de algunos preocupados sólo de sus intereses privados.

La ministra escuchó pero no se pronunció…

Ante la publicación de nuevas medidas para el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana efectuada el día de hoy (martes) en el Diario Oficial e informadas directamente el día de ayer por el Intendente Metropolitano a las organizaciones que suscriben, estimamos necesario señalar:

1.- Este nuevo anuncio, al contemplar medidas que se proyectan varios años después del 2010, implica un reconocimiento tácito del fracaso del proceso vigente de descontaminación de la Región Metropolitana. Este proceso debía concluir, conforme al decreto que oficializó el Plan de Descontaminación en 1998, precisamente 12 años después, el año del bicentenario, fecha en la que debían cumplirse todas las normas de calidad ambiental en Santiago. Hoy resulta evidente que ello no sucederá. Por el contrario, a partir del año 2004, comienza una reversión de los avances logrados en los primeros años del Plan y cada año que pasa, la calidad del aire de Santiago empeora. Este fracaso debiese significar que los principales responsables rindan cuenta ante la ciudadanía.

2.- El creciente empeoramiento del aire que respiramos en la capital de Chile obedece a que las medidas más importantes del Plan de Descontaminación de 1998 fueron desmanteladas durante el Gobierno anterior; a que otras importantes medidas derechamente no se aplican por las autoridades responsables y a que finalmente, se impulsan otras políticas completamente contradictorias con la descontaminación. Ejemplo de lo primero fue el desmantelamiento de las medidas que impedían la expansión de Santiago sobre las tierras agrícolas, eliminadas para favorecer proyectos de especulación inmobiliaria. Ejemplo de lo segundo es el incumplimiento del Ministerio de Transportes a su obligación de exigir la instalación de filtros en los buses más contaminantes del Transantiago. Ejemplo de lo tercero es la construcción de autopistas, la rebaja del impuesto a la gasolina y los subsidios al petróleo, todo lo cual incentiva el uso del automóvil, uno de los principales causantes de la contaminación.

3.- Las medidas anunciadas se limitan a buscar mejorías relativas en los procesos de combustión, pero incluso en ese ámbito son claramente insuficientes y el resguardo de la vida y la salud de los habitantes de Santiago exige mucho más. Exigir la norma Euro IV para buses y camiones recién en septiembre del año 2012, en circunstancias que ya desde hace tiempo están disponibles vehículos de ese tipo en el mercado, es algo inexplicable. Los buses, camiones y autos que circulen por esta ciudad deben tener la tecnología menos contaminante disponible hoy en el mundo. Se posterga la prohibición del uso de la leña, a pesar de que existía un amplio consenso por decretar esta medida por lo dañino que es para el aire de la ciudad, se plantea un recambio escalonado y prohibición relativa al año 2015. Se trata de la vida de millones de personas, las que hoy están sufriendo daños muchas veces irreparables en su salud.

Además, nos llama la atención, que frente a la agravada situación de la calidad del aire en el presente año, no se anuncie ninguna medida adicional orientada a proteger la salud, particularmente de los sectores más vulnerables. La calidad del aire viene empeorando en los últimos cuatro años, se requieren medidas excepcionales para enfrentar la contingencia actual y mientras dura el proceso de actualización del Plan.

4.- Finalmente, debemos señalar que las nuevas medidas anunciadas siguen sin enfrentar las causas estructurales de la contaminación de Santiago,que tienen que ver con un crecimiento ilimitado de actividades humanas en una cuenca con serias restricciones ambientales. Mientras no se ponga un freno a ese crecimiento y no se establezcan estímulos reales a la descentralización de la hipertrofiada capital de Chile, la contaminación no tendrá solución. Las organizaciones que hemos venido luchando durante
años por resguardar la vida y la salud de los habitantes, organizaciones que fuimos consultadas y no consideradas en la formulación del anteproyecto presentado hoy, no cejaremos en impulsar este tipo de soluciones de fondo, al mismo tiempo que exigiremos castigo para los responsables de este fracaso, se es necesario ante los tribunales nacionales e internacionales.

Santiago, 15 de julio de 2008.

Acción Ecológica
Centro Cultural Social y del Medio Ambiente CEIBO – MAIPU.
Centro de Formación Ambiental Comunitaria de Pudahuel
Comité Ecológico Pudahuel – Aguas Claras, Pudahuel.
Comité de ProDefensa de la Fauna y Flora – CODEFF
Fundación “Defendamos la Ciudad”
Fundación Terram
Instituo de Ecología Política
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
Red por la Justicia Ambiental y Social - Santiago

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Fuente de Articulos
www.defendamoslaciudad.cl