Estimados vecinos: Ayer jueves 15 de Mayo, 2 proyectos que nacen de la arbitrariedad con que la administracion actual y los organismos del medio ambiente nos han tratado, han visto la luz en 2 leyes que si ubiesen existido con anterioridad. Este proyecto seguramente no hubiese sido aprobado tan irresponsablemente. Dejamos aqui para ustedes extrato de la sesion:

1) APROBADO PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DE MEDIO AMBIENTE POR CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE METROGAS.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, quiero hacer referencia al proyecto recién aprobado que modifica la ley del Medio Ambiente, eliminando la posibilidad de que el responsable de un proyecto o actividad pueda obtener una autorización provisoria para iniciar las obras cuando adjunte, al estudio de impacto ambiental, una póliza de seguro que cubra el riesgo por daño al medio ambiente.

Celebro que en los fundamentos de este proyecto de ley, sus autores, especialmente el Presidente de la Comisión que lo analizó y compañero de distrito, señor Enrique Accorsi, hayan consignado el caso de la planta de respaldo de Metrogas que se construye en Peñalolén, porque representa plenamente la contradicción que permite la ley de Medio Ambiente con la figura de la autorización provisoria.

Ese mecanismo, contemplado en el artículo 15, no obstante tener el carácter de excepcional, como dijo la Contraloría General de la República, se ha transformado finalmente en el camino regular para obtener el permiso definitivo de un proyecto que puede comprometer el medio ambiente y, en el caso de la planta de Metrogas, la seguridad de quienes viven en sus alrededores, situación adicional muy grave.(Click abajo para seguir leyendo)

Hasta la fecha en nuestro país ningún permiso provisorio ha sido revocado con posterioridad por la Conama y ese antecedente lo saben quienes buscan, por medio de ese mecanismo, acortar el camino para construir una planta definitiva. El país se rige por normas, pero la experiencia nos indica que también se rige por decisiones y señales que van configurándose en precedentes.

Comparto también con los autores que la posibilidad de autorizar un proyecto, sin conocer el resultado de la calificación ambiental y sin haber terminado el proceso de participación ciudadana, es contrario al espíritu que inspiró la ley de Medio Ambiente y al principio precautorio que la rige.

El principio precautorio, consignado en la Declaración de Río firmada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, dispone que: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”

En el caso de la planta de Metrogas, una vez aprobado el permiso provisorio, a fines de mayo del año pasado, comenzó su construcción nueve meses antes de que se le otorgara el permiso definitivo en febrero pasado. Es decir, en plenas vacaciones.

Para ese entonces estaba construido más del 50 por ciento del proyecto; ya había sido arrasada la flora y fauna de uno de los lugares más emblemáticos de la precordillera; ya se habían invertido miles de millones de pesos, y ya había irrumpido violentamente en la vida de las mil familias que viven en sus alrededores, lo que causó grave daño psicológico a las personas que ahí viven, por el temor a la instalación de la planta y a que el día de mañana fueran víctimas de una tragedia, como la explosión de un camión o un daño ambiental en el sector alto de la precordillera, y por la intervención que tuvieron que realizar para que no se construyera esta obra que parece una planta atómica.

¿Se imaginan el temor de los cientos de familias que, con gran esfuerzo y esperanza, se instalaron a vivir en la precordillera?

El daño medio ambiental que se había permitido gracias al permiso provisorio es irreversible. La planta se construye en una de las pocas zonas privilegiadas de la precordillera, a poca distancia del corazón de la ciudad, en un santuario de la naturaleza que ha sido declarado zona de preservación ecológica por el plano regulador intercomunal. ¡Esto es increíble!

Por tanto, ¿le cabía alguna duda a los interesados en su aprobación que la Corema iba a aprobar la autorización provisoria? Obviamente les iban a dar la autorización provisoria, pues contaban con el respaldo del Estado. El Gobierno les había dicho: “Vayan a adelante. Nosotros los vamos apoyar.

Estamos hablando de una planta de elaboración de gas propano, que almacenará 800 mil litros de gas licuado, que realizará un complejo proceso industrial para convertir ese gas licuado en gas propano sobre los hombros de mil familias que viven a poco más de 200 metros.

Estamos hablando, además, de la circulación de 38 camiones que subirán y bajaran diariamente, cuyas dimensiones alcanzan los 18 metros de largo y transitarán cargados con 22 toneladas de gas licuado por caminos vecinales, que en invierno tienen hielo, lluvia, neblina, etcétera.

Estamos hablando, en definitiva, de un megaproyecto que ha sido calificado por especialistas chilenos y extranjeros, por profesores de varias universidades de todo el mundo, como irracional e imposible de haberse construido en cualquier país, pero se construye en Chile, a 200 metros de un conjunto de viviendas, partiendo con el permiso provisorio con el que este proyecto quiere terminar, porque no es la única experiencia en Chile en que se ha construido en base a dicho permiso.

La propia Contraloría General de la República y una serie de trámites judiciales dieron la razón.

Ya que estamos modificando la ley de medio ambiente, es urgente revisar otros dos aspectos: La composición de la Corema y La participación ciudadana.

Respecto de la composición de la Corema, que tiene la máxima responsabilidad respecto de la autorización de calificar el impacto ambiental de un proyecto, ha quedado demostrado en el caso que comentamos, que no da garantías de absoluta independencia a la hora de emitir su opinión. ¿Qué confianza podemos tener en el futuro?

Cuando se tiene durante dos meses al ministro de Energía, al ministro Secretario General de la Presidencia, al ministro del Interior, al intendente, insistiendo a través de los medios de prensa que la planta es necesaria, que el único lugar posible en toda la región metropolitana es la comuna de Peñalolén, encima de sus vecinos.

¿Qué señal se le está dando a los seremis y gobernadores que integran la Corema y que son, al igual que los ministros, funcionarios de gobierno?

O sea, queda grave cuestionamiento de que los funcionarios de la Corema deberían ser técnicos y no políticos, porque son trabajadores del Estado y no están haciendo su pega como técnicos en la materia, que es lo que ocurrió en la comisión que aprobó el permiso provisorio para la planta de gas de Peñalolén y que fue la razón que inspiró a esta ley, que creo que va a ser de gran utilidad para el país.

Señor Presidente, ¿qué hace la CONAMA con las opiniones por escrito que recoge en virtud del proceso de participación ciudadana? ¿Los guarda en un cajón de escritorio? ¿No se supone que debe distribuirlos entre quienes deberán tomar una decisión, con le propósito de cumplir con la norma de transparencia que inspira la ley?

Aquí hubo técnicos, ingenieros, especialistas en explosivos, personas que participaron. La comunidad contrató abogados, pero nada fue posible.
Las comunidades que se sienten amenazadas gastan cuantiosos recursos en contratar asesorías, se movilizan, reúnen información y nada pasa con eso.

Me parece que la participación ciudadana es una declaración de principios, un saludo a la bandera, políticamente correcta, pero en la práctica no sirve, no funciona.

Ésa es la experiencia que ha sufrido la comuna de Peñalolén, y espero que este proyecto de ley de medio ambiente que termina con los permisos provisorios haga justicia, y no sólo en la planta de Metrogas de Peñalolén, sino en otras instancias que el país discute en la actualidad.
Insisto, debe haber un cambio para que quienes decidan sobre los proyectos sean técnicos absolutamente apolíticos y la comunidad, que es la que sufre las consecuencias de cualquier innovación tecnológica o de desarrollo.

No es que estemos contra el desarrollo, sino de afectar la vida de los chilenos.

He dicho.

2) APRUEBAN VIGENCIA DE 5 AÑOS PARA PROYECTOS CON ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La Cámara aprobó con 55 votos a favor y 1 abstención, la modificación a la Ley General de Bases del Medio Ambiente, para establecer un plazo para la ejecución de un proyecto con estudio o declaración de impacto ambiental.

La moción (boletín 5214), fue presentada por los diputados Jorge Burgos, Alejandro García-Huidobro, Roberto León, Osvaldo Palma, Denise Pascal, Eduardo Saffirio, Patricio Vallespín y Mario Venegas.

El texto establece un plazo de caducidad para los derechos derivados de la resolución de calificación ambiental favorable, de modo que una vez transcurrido sin que se ejecute el proyecto de que trata, deba ser sometido a una nueva evaluación de impacto ambiental.

De esta forma, la resolución de calificación ambiental favorable del proyecto o actividad caducará dentro del plazo de 5 años, contados desde la notificación, siempre y cuando el titular no haya comenzado a operar en dicho lapso.

Una vez transcurrido este tiempo sin que se haya dado inicio a la operación del proyecto o actividad, el titular deberá ingresar nuevamente al sistema de evaluación de impacto ambiental.

La caducidad recaerá tanto sobre la resolución de calificación ambiental, como sobre los permisos ambientales sectoriales que hayan sido otorgados.

Sin perjuicio de ello, el titular del proyecto o actividad podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, o a la Dirección Ejecutiva de la CONAMA, según corresponda, que se declare que la resolución de calificación ambiental siga vigente, fundado en el hecho que no se han verificado cambios sustanciales en la línea de base, si es un Estudio de Impacto Ambiental, o bien, cambios relevantes en los elementos esenciales sobre la base de los cuales se aceptó una Declaración de Impacto Ambiental.

El texto fue enviado al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional.

Saludos Cordiales
Vocero