Estimados vecinos, dejamos para ustedes copia del interesante articulo publicado el dia de hoy en el diario la segunda:

Por 11 comunas, desde Maipú hasta Peñalolén, viajarán diariamente los vehículos pesados.Municipios evalúan, como primera opción, recurrir a la Contraloría.

Por Magdalena Engel

A sólo horas de obtener la autorización ambiental para levantar su planta de respaldo en Peñalolén, Metrogas está ad portas de otro conflicto relacionado con su controvertido proyecto: el traslado del gas propano en camión desde Maipú hasta Peñalolén.

Varias de las 11 comunas que verán pasar diariamente las máquinas con el energético se oponen radicalmente a la Declaración de Impacto Ambiental presentada por Gasmar -sociedad conformada por Gasco, Abastible y Ultragas-, mientras que otras dicen que el proyecto cumple con todas las exigencias de la ley y las de sus comunas. Este lunes, de hecho, vence el plazo de los municipios para emitir su informe con sus comentarios y objeciones ante la autoridad ambiental de la Región Metropolitana. Asi…

El proyecto presentado por Gasmar contempla un recorrido de 37 km, pasando por las comunas de Maipú, Cerrillos, Lo Espejo, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Florida, Macul, Ñuñoa, La Reina y Peñalolén. Durante la fase de demanda máxima de gas propano, “o sea con el suministro de gas natural desde Argentina suspendido, se transportarán como promedio 400 toneladas de gas propano por día, lo que equivale a un flujo total de 36 viajes” cada jornada, lo que ocurriría recién el 2012, detalla la declaración. El proyecto implicaría una inversión de US$ 300 mil y tendría una vida útil de cinco años.

La Corema Metropolitana ayer impuso una condición clave relacionada a la seguridad vial del transporte de gas propano al aprobar la construcción de la planta: que la empresa consiga todas las autorizaciones necesarias para construir un camino alternativo que pase por el condominio Las Palmas, en Peñalolén, y que servirá para realizar evacuaciones en caso de accidentes.

Comunas sacan la voz

La Reina, de la mano de su alcalde Luis Montt, es probablemente la más firme opositora a los viajes de los camiones.

“Es un disparate desde el punto de vista de la prudencia y de la integridad de las personas. Es un disparate desde el punto de vista de la supervivencia de estos pavimentos que no tienen el espesor necesario para soportar el tránsito de estos vehículos pesados”, argumenta Montt. El edil evalúa recurrir a la Contraloría porque se estaría vulnerando un acuerdo de pavimentación participativo con el Serviú.

La asesora del alcalde Claudio Orrego y encarga del tema de la planta al interior de Peñalolén, Carolina Leitao, argumenta que una parte importante de las observaciones que le hicieron al Estudio de Impacto Ambiental de la planta desde el primer momento es que no había un estudio de impacto vial, que la Corema posteriormente se lo exigió. “La infraestructura vial de las calles por la que circularán los camiones es deficiente para traslado de gas propano y además la fórmula que propone la empresa para los períodos de horas puntas es insegura. Se espera que haya más de un camión por hora circulando por Las Palmas, pasando a metros de las casas por una calle con una pendiente de 45 grados y que amanece con hielo en invierno. Faltan vías alternativas para evacuación en caso de accidente”

Para demostrar el riesgo que presentan estos vehículos, Peñalolén hizo una prueba con un camión de las mismas dimensiones y no fue capaz de dar el giro desde Alvaro Casanova a la calle Las Palmas. “La empresa sólo propone ensanchar la calle y hacer un giro más amplio, pero no proponen la instalación de un semáforo o un banderillero. Cuando los autos particulares se crucen con un camión no se qué va a pasar”, denuncia.

El edil de La Cisterna, Santiago Rebolledo, dice que todavía “no les han oficializado la ruta, pero cuando lo hagan, pediremos un estudio y tendremos que coordinarnos con la concesionaria Américo Vespucio por los peligros y riegos que esto significa”. También potenciará una estrecha coordinación con las autoridades de gobierno porque “los municipios no tenemos los recursos financieros y técnicos suficientes para enfrentar este tema”.

El alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, considera “preocupante” el paso de los camiones. “Esperamos que se nos dé el tiempo suficiente para efectuar las observaciones que contempla la ley. Evidentemente, uno siempre anticipa una opinión negativa ante una situación como ésta”.

“Nos toman poco en cuenta”

El director de Desarrollo Ambiental de Lo Espejo, Miguel Hernández, dice que habitualmente se presentan ante la autoridad ambiental proyectos de traslado de residuos o sustancias peligrosas por la comuna. “Somos una comuna consolidada, donde el transporte de estos productos se realiza por autopistas. Lo que siempre exigimos es un plan de contingencia para enfrentar eventuales siniestros o derrames en coordinación con unidades de rescate y de bomberos. La empresa que se hará cargo del traslado (del gas propano) no sólo debe cumplir con la normativa general, sino también con las exigencias en el tramo local”.

El director de Obras de Macul, Osvaldo Berríos, señala que aún no han estudiado a fondo la declaración, pero que su intención es incluso hacer el recorrido por donde pasarán los camiones. “Pasarán tangencialmente por la comuna a través de Vespucio. Ni siquiera ingresarán a la comuna misma porque circularán por la acera oriente de Vespucio que corresponde a Peñalolén”. De antemano, sin embargo, indica que “tenemos aprensiones porque los vehículos pasarán por zonas muy pobladas, no sólo aquí, sino que en otras comunas. Por ejemplo, José Arrieta en Peñalolén es un sector muy poblado”

El secretario comunal de Planificación de Maipú, Igor Carrazana, señala que el traslado de gas propano será tratado igual que el transporte de combustibles, ya que “las grandes empresas de la región se encuentran instaladas aquí, por lo tanto, ya hay planes de emergencia para proteger a la ciudadanía.” Explicó que las exigencias que se pedirán para el flujo de camiones se refieren a “características técnicas especiales, como por ejemplo, no permitir el acopio de material que pueda producir un derrame” y en general que se cumplan con todas las medidas seguridad que “permitan transportar el gas sin riesgo para la comunidad”.

El edil de San Ramón, Pedro Isla, anticipó que “vamos a enviar el informe que mejor salvaguarde la seguridad de las personas”, aunque advirtió que “a nosotros nos toman poco en cuenta”.

La Florida pide compensaciones

En su respuesta a la Corema Metropolitana, La Florida detalla que los viajes utilizarán la totalidad del tramo de la autopista Américo Vespucio que atraviesa la comuna, “el cual se emplaza en un sector densamente poblado. En virtud del tipo de carga, se solicita establecer un horario de circulación preferentemente nocturno”. Además, piden indicar los procedimientos y plan de acción que se deben adoptar con la comunidad en los casos de emergencia.

Y, dada “la peligrosidad de la actividad”, le solicitan a Gasmar asumir todos los costos de insumos, equipos u otros, en los que deban incurrir los equipos e instituciones comunales de emergencia, ocasionados por accidentes o emergencias derivados de la actividad, los costos de atención médica y hospitalaria derivados de daños a la salud de las personas, y establecer el compromiso de mitigar, compensar y/o reparar los posibles daños ambientales provocados por la actividad.
La Reina acusa: “Fuimos obligados a autorizar gasoducto” de Metrogas

Bajo el título “El Municipio de La Reina fue obligado a autorizar el gasoducto” de Metrogas, las autoridades de la comuna del sector oriente reaccionaron ante el polémico oficio enviado el pasado 25 de enero por los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y Economía, Hugo Lavados, al alcalde Luis Montt, en el que pedían aprobar la instalación de ductos.

La municipalidad denunció que “el gobierno ha obligado al municipio a través de un oficio a entregar ocupación de espacio público a Metrogas, por sobre los intereses de los vecinos que se verán afectados, al vivir sobre un polvorín”.

A pesar de que en la municipalidad reconocieron la necesidad de la instalación de una planta de almacenamiento de gas, dijeron que ésta no debe construirse en una zona protegida y cercana a conjuntos habitacionales. “Se tomó una decisión arbitraria y eso nos tiene indignados. Aquí se ha priorizado economizar, en desmedro de la calidad de vida de la gente. No se puede pretender corregir los errores de los privados, poniendo en riesgo a los ciudadanos”.

“Acusación injustificada”

En La Moneda, en tanto, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, negó que el gobierno haya hecho lobby a favor de la planta de Metrogas, como lo afirmó el alcalde Claudio Orrego. No obstante, volvió a defender la construcción en Peñalolén al señalar que la crisis energética “es brutal” y hay que tomar medidas para que la población de Santiago no se quede sin gas en invierno.

“Estamos frente a una crisis energética brutal, frente a restricciones insólitas y, por consiguiente, no podemos quedar inermes frente a la posibilidad cierta que la población de Santiago quede sin gas durante el invierno. Pero no hemos hecho ningún lobby, no sé a qué se refiere el alcalde Orrego. Es una acusación injustificada”, dijo Pérez Yoma.

Negó también que haya una orden perentoria suya para hacer las obras: “No existe una orden perentoria mía”. No obstante, confirmó el envío de una carta suscrita por él. “Eso no es lobby. Esta es una carta que enviamos junto al ministro Hugo Lavados, donde se precisan los alcances legales sobre cuáles son las atribuciones que corresponden a las municipalidades y cuáles corresponden al gobierno. El tenor de la carta no se refiere más que a eso”.

Los pasos que vienen

En marzo la Corte Suprema deberá fallar la apelación presentada por la Municipalidad de Peñalolén para revocar el fallo de la Corte de Apelaciones que acogió un recurso de protección de Metrogas para poder construir la planta en una zona de preservación ecológica.

El origen de la batalla legal se remonta a un fallo de la Contraloría que determinó que el proyecto de Metrogas no podía realizarse en la zona porque los suelos correspondían a un área protegida. El 28 de diciembre la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección interpuesto por Metrogas y anuló la resolución. Esto fue apelado por la Municipalidad de Peñalolén en enero.